Muchas gracias a todos los que han hecho posible este encuentro, especialmente a la embajadora Kelly Currie, al señor embajador Michael Kozack y al señor secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, por su presencia en este acto.
"El dolor del presidio es el más rudo, el más devastador de los dolores, el que mata la inteligencia, y seca el alma, y deja en ella huellas que no se borrarán jamás", dijo José Martí el héroe nacional sobre el presidio político cubano en 1871.
Es para mí realmente un honor poder dirigirme a ustedes hoy aquí. Y agradezco profundamente esta oportunidad, que implica una enorme responsabilidad, porque es imposible que mi testimonio exponga en toda su hondura el coraje, el sacrificio y la esperanza de todos los hombres y mujeres que estuvieron y están hoy en las prisiones cubanas por motivos políticos.
Conozco la experiencia al haber estado cinco años en prisión, después de la oleada de arrestos y juicios sumarísimos y sin garantías del régimen, en lo que se conoce como la Primavera Negra del 2003. Con aquella acción, el gobierno cubano pretendía contrarrestar el Proyecto Varela, una propuesta ciudadana que propone cambios esenciales en la Constitución, para garantizar los derechos humanos internacionalmente reconocidos. A propósito, es mi deber advertir que la nueva Constitución redactada por el gobierno cubano sigue ignorando tales derechos.
En aquella ocasión, más de 10 mil firmas de apoyo entregamos los gestores del Proyecto Varela a la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba, el 10 de mayo del 2002. Nos apoyamos en una “brecha” de la Constitución de 1992, que permitía a los electores registrados proponer leyes. No solamente las firmas superaron lo requerido, sino que el clamor por las peticiones de libertad de expresión y asociación, de cambios en la ley electoral, de amnistía política, de reconciliación entre cubanos, crecían imparables entre la población.
Además, eran motivo de unidad entre los distintos grupos de la oposición y comenzaban a llamar la atención de la comunidad internacional.
La respuesta del gobierno cubano es conocida. Y aunque el régimen siempre ha intentado ocultar su rostro absolutamente represivo, 75 activistas fuimos encarcelados esa Primavera Negra, con condenas que oscilaron entre 6 y 25 años de cárcel, por aquel “atrevimiento” y por hacer periodismo.
En los registros realizados en nuestras residencias encontraron impresoras, ordenadores, lápices, bolígrafos, radios para escuchar las noticias de emisoras extranjeras, algunos manuscritos y copias de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estas fueron las pruebas materiales de nuestro gran "delito". (Pausa).
De inmediato, el régimen reformó la Constitución para blindar cualquier otra brecha a la disidencia, y remató la democracia proclamando “la irreversibilidad del carácter socialista de la Revolución”.
Fuimos llevados a prisiones de máxima severidad, en medio de un inusitado y aparatoso despliegue policial; encerrados en celdas de castigo, en régimen de aislamiento, con una frecuencia de visitas de dos horas cada tres meses para tres personas, y dos visitas conyugales al año. En todos los casos, en prisiones alejadas de nuestros lugares de origen, como escarmiento añadido para la familia.
Siendo por sí mismos los episodios de cárcel verdaderamente traumáticos, cuando han sido resultado de la injusticia, cuando el carcelero (un gobierno totalitario) te mantiene ex-profeso en una situación de constante vulnerabilidad en deliberada obligación de convivencia con otros condenados por crímenes de diversa naturaleza, en un medio adverso, y el mensaje de que eres un ser despreciable que no merece ningún respeto, entonces todo se torna en desafío y la vida es una insoportable situación extrema.
De este cruel e inaceptable ensañamiento pueden dar fe miles de presos políticos, como Mario Chanes de Armas, que resume el tratamiento del régimen contra el que disiente. Chanes de Armas cumplió 30 años de prisión desde 1960 a 1991. Estuvo siete años sin visitas familiares, por negarse a usar el uniforme de preso común. En la cárcel vivió el nacimiento y la muerte de su hijo, de 22 años, y la muerte de sus padres. Chanes de Armas pasó en prisión más años que Nelson Mandela, pero su causa no tuvo el mismo tratamiento.
O Eusebio Peñalver Mazorra, con 28 de cárcel por enfrentarse al régimen. Hubert Matos Benítez y Ángel de Fana Serrano: 20 años por negarse a participar en el proceso, y otros casos como el de René Hernández y Reinol González.
Es imposible desgranar aquí los nombres de todos, algunos olvidados, porque quisieron hacer valer la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que “considera esencial que sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.
Este es el caso de Armando Sosa Fortuny, un anciano enfermo que ha pasado en la cárcel 42 de sus 76 años de vida, y que el régimen se niega a amnistiar por haber asumido el supremo recurso de la rebelión. Incluso cuando, quienes le mantienen en prisión, asaltaron un cuartel en 1953, luego fueron amnistiados, y años más tarde consiguieron el poder, cegando la vida de centenares de cubanos. Todo en nombre de una libertad que luego quebrantaron.
Rebelarse contra ese despojo es la culpa de Fortuny, y si esa "culpa" se mantiene viva para sus carceleros (que también fueron sus jueces), es la muestra de que los motivos que le impulsaron, mantienen su vigencia. Pero hoy liberar a Armando y a sus compañeros, que han cumplido ya 24 años de condena, no es un tema político, ni siquiera jurídico, es un asunto de humanidad.
Golpizas, vejaciones, amenazas, simulacros de ejecución son parte de los métodos usados contra ellos y contra quienes, por motivos puramente políticos, fueron a parar tras las rejas de las innumerables prisiones cubanas. Pertenecen a distintas y activas organizaciones opositoras, y para cualquier observador imparcial (a pesar de las causas ficticias incoadas por el gobierno a partir de pruebas falsas), están presos por su activismo cívico y político.
Una reciente muestra de los métodos del gobierno cubano contra los opositores, activistas y defensores de derechos humanos fue el intento de encarcelar al investigador Ariel Ruiz Urquiola; detención que acaba de ser declarada arbitraria por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas.
Un capítulo sin el cual no se entendería el drama cubano son las mujeres encarceladas por motivos políticos. Mujeres como Polita Grau, Georgina Cid, Olga Rodriguez Morgan, Albertina O`Farrill, Aracelis Rodriguez o Cary Roque. Son ejemplos de una larga lista.
Leo un testimonio que dará una idea de lo que ha sido y es para ellas el presidio político en Cuba:
“Habían cientos de nosotras, prisioneras políticas, en Guanabacoa, y nos querían trasladar a Guanajay, donde las condiciones eran insoportables... La cárcel quedó completamente rodeada por unos 600 hombres y mujeres armadas... Nos atacaron con mangueras de agua, con una presión entre 200 y 300 libras... Había una presa que tenía seis meses de embarazo y le dirigieron el chorro de agua directamente contra el vientre para hacerla abortar. Muchas de nosotras corrimos para protegerla y cubrirla con nuestros cuerpos...”.
El hecho ocurrió durante la invasión de bahía de cochinos y ocurre hoy con las Damas de Blanco, algunas de cuyas integrantes están injustamente presas. Pero el anterior testimonio muestra también la solidaridad que se establece, en las peores circunstancias, entre quienes sufren la misma injusticia. La solidaridad es necesaria.
La soledad del preso que sabe que a su causa le asiste la justicia y la dignidad, pero que nadie le acompaña, es quizá lo que más debilita; más que el hambre, las golpizas, la oscuridad, las condiciones de hacinamiento e insalubridad.
Para los presos políticos pedimos solidaridad, pero no es suficiente. Hay que asumir un compromiso con la exigencia al gobierno cubano en materia de derechos humanos; que admita el acceso de organizaciones internacionales a las instituciones carcelarias sin reservas; y, especialmente, que derogue inmediatamente de su legislación aquellos aspectos que le permiten encarcelar la discrepancia, sin la más mínima garantía procesal, sin apego al debido proceso. Como ha sucedido recientemente en los casos de las Damas de Blanco: Nieves Caridad Matamoros González, Aymara Nieto Muñoz, Martha Sánchez González, Yolanda Santana Ayala, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, Micaela Roll Gilbert, Daysi Artiles Sol. Para ellas exigimos libertad incondicional.
O con los 50 prisioneros de la Unión Patriótica de Cuba y tantos otros de organizaciones de la oposición y la sociedad civil.
Quiero finalizar esta intervención diciendo que la excarcelación del prisionero de la Unión Patriótica de Cuba Tomás Núñez Magdariaga, tras 60 días en huelga de hambre, Es el primer éxito de esta campaña.
Muchas gracias.
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